La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió una estrategia basada en la mediación comunitaria para desactivar la crisis humanitaria en la Montaña Baja de Guerrero, donde incursiones armadas del grupo delictivo "Los Ardillos" provocaron el desplazamiento forzado de decenas de familias indígenas.
El enfoque gubernamental generó críticas inmediatas entre defensores de derechos humanos, organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la opinión pública, quienes interpretan estas acciones como una muestra de debilidad en la que el Estado requiere "permiso" o acuerdos previos para ejercer su mandato en zonas bajo dominio del narcotráfico.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que la ausencia de un avance militar inmediato y de confrontación de fuego directo responde a la necesidad de proteger a la población civil, evitando que las familias queden atrapadas en fuego cruzado. La mandataria reconoció la compleja composición social de la zona, donde convergen cárteles (Los Ardillos y Los Tlacos), organizaciones sociales y guardias comunitarias armadas, reiterando que la prioridad del Ejecutivo federal y estatal es establecer una "presencia permanente" para pacificar el territorio.
